El nuevo estatuto de los expresidentes de Madrid impondrá dos años de incompatibilidad y no incluirá pensión vitalicia

La Comunidad de Madrid ha anunciado la modificación del Estatuto de los expresidentes autonómicos. Lo ha hecho este jueves coincidiendo con la declaración de la pareja de la presidenta, Alberto González Amador, en el caso abierto por corrupción en los negocios y el viaje de Isabel Díaz Ayuso a Ecuador.

El proyecto de decreto que ha hecho público este jueves el Gobierno autonómico estipula una compensación económica para los expresidentes autonómicos del 80% de sus retribuciones durante un tiempo máximo de dos años, actualmente ese sueldo anual se situaría en 82.472 euros, según los cálculos del Ejecutivo regional.

Cuando termine el periodo de esta compensación podrán realizar labores consultivas en la Comisión Jurídica Asesora (COJA) y recibirán una indemnización de 750 euros por participar en cada uno de los plenos. De esta forma, el Gobierno de Ayuso recupera esta remuneracion que fue eliminada por la expresidenta Cristina Cifuentes.

Esta propuesta de modificación de estatutos también incluye el derecho a disponer de “dos personas de apoyo para el desarrollo de sus actividades, medios auxiliares necesarios en las dependencias de la Comunidad de Madrid y un servicio de coche con conductor”, que se podrá extender a cuatro años si los mandatarios han estado un periodo mayor a este tiempo al frente del Gobierno autonómico.

La reforma zanja un debate que se abrió hace más de año y medio, cuando Ayuso llegó a ironizar en la Asamblea de Madrid con que gracias a esta modificación se pondría un sueldo vitalicio como expresidenta de “30.000 euros”, después de que la oposición le acusase a final de 2023 de realizar una modificación normativa que le permitiría garantizarse un sueldo vitalicio de 8.500 euros brutos al mes cuando deje el cargo. Finalmente, la reforma anunciada por el Gobierno no contempla una pensión vitalicia para expresidentes.

“El Ejecutivo madrileño ha optado por preparar un modelo de Estatuto austero, más restrictivo, exigente y transparente que los que funcionan desde hace años en el resto de CCAA y, además, con una previsión económica muy inferior a la de estas regiones”, sostiene el Ejecutivo autonómico.